Como usuario de la red de redes, opino que los motores de búsqueda deberían estar obligados a borrar determinados contenidos que puedan suponer la violación de la intimidad, de cualquier usuario que así lo haya expresado, sin tener que derivar la responsabilidad de la solicitud al usuario que lo publicó.
Un ejemplo fue el caso de la reclamación de un ciudadano que encontraba en Google el enlace a una
página de «La Vanguardia» que contiene el anuncio de la subasta de un
inmueble de su titularidad por impago, publicado hace años. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
pidió a Google que retirara de su índice los datos del ciudadano
asociados al citado anuncio, a lo que el buscador se negó llevando el
asunto a la Audiencia Nacional.
